La situación política (1880-1930)

    La década de 1910 fue una época clave en la historia de América Latina. Mientras algunas repúblicas latinoamericanas celebraban o se preparaban para celebrar el primer centenario de su independencia, en México tenía lugar una revolución cuyas consecuencias traspasaron sus fronteras, convirtiéndose en un referente para muchos de los sucesos y políticas posteriores.

    Esta revolución y los acontecimientos que inspiró en otras regiones latinoamericanas tuvieron como contexto las profundas transformaciones sociales de la época. Si durante el siglo XIX se había consolidado un modelo político dominado por las oligarquías, las primeras décadas de la centuria siguiente vieron cómo emergían nuevos grupos sociales, al abrigo de la expansión económica de la época precedente. Estos grupos, situados por sus ingresos entre la clase dominante, por un lado, y los obreros y campesinos, por otro, son las llamadas clases medias, un sector ilustrado y urbano que, conquistado un cierto bienestar económico, pasó a reclamar mayores cuotas de participación política, cuestionando el poder monolítico de las oligarquías tradicionales.

    La consolidación de las oligarquías

    El crecimiento económico y la consolidación de las economías de exportación en buena parte de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX permitieron a su vez el definitivo control oligárquico sobre los resortes del Estado. Éste había ido afianzándose sobre el territorio gracias a la implantación de modelos centralistas y al aumento de los recursos estatales derivados del crecimiento económico. El envío de funcionarios a las provincias o la profesionalización de los Ejércitos, aunque no fueron la panacea al problema regionalista en Latinoamérica, sí consiguieron al menos eliminar los continuos estallidos de violencia precedentes.

    Los ateneos (en la imagen el de la capital de Puerto Rico, San Juan) fueron centros de debate cultural y político de los grupos más ilustrados de las clases medias. Este emergente sector social pugnó por tomar parte activa en la política nacional.

    La nueva maquinaria estatal estuvo en manos de las oligarquías capitalinas. De la misma forma que el boom económico había dado nuevos recursos fiscales al Estado, también proveyó de grandes riquezas a las clases altas terratenientes e industriales del país, de tal forma que, pese a que en muchas naciones el sistema político era, nominalmente, una república constitucional liberal, en la práctica el poder quedaba monopolizado por las élites socioeconómicas.

    Las clases medias intentaron acabar con los grupos de poder tradicionales, para lo que reivindicaron un proceso de democratización de las instituciones. La imagen muestra el Capitolio de la Habana, cámara legislativa de Cuba hasta la revolución castrista.

    Estas élites poseían una fuerte conciencia de clase, y sus miembros se hallaban a menudo unidos por lazos familiares o de negocios. Si bien es cierto que las clases altas podían estructurarse políticamente en liberales y conservadores, las dos ideologías más en boga en el momento, lo cierto es que a menudo hicieron causa común contra cualquier tipo de movimiento que atentase contra su forma de vida o sus cuotas de poder. Así, el liberalismo y el conservadurismo, alejados en lo teórico, estuvieron unidos en la praxis política.

    La politización de las clases medias

    El sistema oligárquico, sin embargo, comenzó a resquebrajarse a finales del siglo XIX y principios del XX. El crecimiento económico y urbano de este periodo, impulsado por la explosión de las exportaciones y la distribución de los ingresos, permitió la consolidación de las clases medias. Éstas, fundamentalmente ilustradas, compuestas por funcionarios, pequeños comerciantes e industriales, profesores o profesionales liberales, comenzaron a reivindicar una mayor participación en la vida política. El sistema electoral vigente, sin embargo, les negaba tal posibilidad, por cuanto aquélla era un coto cerrado ocupado por la clase oligárquica dominante.

    Las principales reivindicaciones de las clases medias eran la democratización de la sociedad y la transparencia en la política. Opuestas a la perpetuación en el poder de los mismos grupos, defendían la ampliación del sufragio universal. Herederas de la ideología liberal que había caracterizado la etapa anterior, buscaron conformar partidos políticos que, a diferencia de los grupos conservadores, contasen con una amplia base ciudadana. Su gran capacidad organizativa y el amplio respaldo popular que obtuvieron les hicieron alcanzar una capacidad de presión que permitió en algunos casos modificar las reglas del juego político.

    Sin embargo, su aparición no supuso el desplazamiento automático de las oligarquías nacionales, que durante muchas décadas continuaron ocupando posiciones de relieve. En algunos casos, la resistencia oligárquica fue tan fuerte que provocó el estallido de episodios revolucionarios de gran intensidad, como fue el caso mexicano. En otras ocasiones, las reclamaciones de las clases medias no fueron tan extremas, si bien en ciudades como Buenos Aires o Lima se vivieron también episodios de tensión.

    Las clases medias también fueron protagonistas de las reivindicaciones políticas en el ámbito local. Entre sus aspiraciones no sólo estaba la de participar en la vida política nacional, sino también la de dotar a los Gobiernos locales y Ayuntamientos de mayor capacidad política y administrativa. Los países solían estar organizados según un esquema centralista, en el que todas las decisiones importantes se tomaban desde la capital, lo que era interpretado como una fuente de grandes desigualdades económicas y un grave perjuicio para el desarrollo de regiones, provincias y municipios. Los Gobiernos municipales tenían muy poca capacidad administrativa y contaban con escasos recursos financieros, lo que los hacía muy dependientes del poder central. Por ello, las clases medias, inspiradas en el ejemplo estadounidense, y en menor medida europeo, empezaron a reivindicar la existencia de una autonomía municipal, es decir, de leyes que permitieran a los Ayuntamientos tomar decisiones en su ámbito de actuación sin tener que depender de los Gobiernos centrales. Algunas de estas reivindicaciones fueron, por ejemplo, la posibilidad de recaudar ciertos impuestos o que los ciudadanos eligieran a los jueces de paz y los consejos escolares.

    El desarrollo regional

    La historia política del periodo puede ser dividida en dos fases, de las que el año 1910 constituye el punto de inflexión. Hasta esa fecha, las oligarquías que se habían hecho con el poder tras las guerras de la independencia habían conseguido mantener la estructura política emanada de la emancipación. Ello fue posible en gran medida gracias al importante avance económico vivido por la región –lo que les otorgaba cierta legitimidad–, así como al acuerdo implícito entre las distintas facciones para mantener el statu quo. No obstante, a partir de la década de 1890 comenzó a aparecer un fenómeno que sería de vital importancia en la historia del siglo XX latinoamericano: el surgimiento de movimientos obreros y de clase media que exigían sus cuotas de poder. Si bien los primeros tendrían que esperar todavía a la segunda mitad del siglo, los segundos conseguirían sus objetivos a partir de 1910. En este sentido, la revolución mexicana supuso el pistoletazo de salida.

    México

    En México, la política nacional estuvo dominada entre 1877 y 1911, bien directa o indirectamente, por Porfirio Díaz (1830-1911). Su mandato se caracterizó por la constante búsqueda del ideal positivista de «orden y progreso», aunque esto fuera a costa de reducir el ámbito de la democracia y aumentar el centralismo autoritario, algo especialmente evidente en el periodo del «porfiriato» (1884-1911). Consciente de que las inversiones extranjeras sólo llegarían una vez que se alcanzase la estabilidad nacional, Díaz puso en marcha un proceso de ampliación de la maquinaria estatal con capacidad para intervenir en los asuntos locales, ya fuera política o policialmente. Este intervencionismo en el ámbito de los municipios y regiones le permitió implantar una política autoritaria en extremo, que contó con el claro apoyo de las antiguas fuerzas vivas del país, tanto de las oligarquías como del Ejército.

    Porfirio Díaz gobernó México con mano férrea durante más de treinta años. En oposición a su política absolutista se alzaron diversos sectores sociales que acabarían confluyendo en la Revolución mexicana.

    El fin de las luchas intestinas y de la intranquilidad rural (fue significativa la progresiva disminución del bandidaje) permitió el crecimiento económico de México. Díaz impulsó la construcción de un sólido mercado interno por medio de fuertes incentivos a la producción agraria y minera y a la expansión del ferrocarril y de un fomento constante de la inversión extranjera y nacional en la industria.

    La Revolución mexicana fue el primer movimiento revolucionario del siglo xx, y los acontecimientos vividos durante su transcurso influyeron en sublevaciones posteriores. José Clemente Orozco reflejó al movimiento insurgente en su obra Zapatistas.

    Aunque la economía mexicana creció significativamente durante todo el periodo, este auge no alcanzó a la mayoría de la población. Numerosas capas de la sociedad mexicana vivían en condiciones de pobreza, con obreros sometidos a largas jornadas de trabajo escasamente pagadas y campesinos, mayoritariamente indígenas, despojados de sus tierras. Las clases medias, por su parte, veían cerrado su acceso a la vida política, ocupada en exclusiva por la oligarquía empresarial y terrateniente afín al régimen.

    La revolución mexicana. Ante este panorama comenzaron a surgir voces discrepantes que reclamaban una apertura del régimen (huelgas «regeneracionistas» en Veracruz y Sonora). Las vagas promesas de Porfirio Díaz (entrevista con el periodista estadounidense James Creelman en 1908) soliviantaron los ánimos hasta el punto que la sucesión de Díaz se comenzó a tratar en los periódicos nacionales, y el movimiento opositor nombró un candidato, Francisco I Madero (1873-1913), para que concurriese a los comicios de 1910 contra la reelección del veterano presidente.

    Los frustrados intentos de Díaz por frenar a la oposición (encarcelamiento y fuga de Madero, 1910) terminaron por acelerar el proceso revolucionario. Los llamamientos de Madero a la insurrección (Plan de San Luis de Potosí) fueron seguidos por distintos grupos armados, liderados por Pascual Orozco (1882-1915) y Pancho Villa (1878-1923), los cuales, gracias a las aportaciones monetarias de Madero, consiguieron rendir Ciudad Juárez en 1911, provocar el exilio de Porfirio Díaz y proclamar al líder revolucionario como presidente de la república.

    El Gobierno de Madero se caracterizó por su moderación y su deseo de reforma. Sin embargo, pronto surgieron voces disconformes, que reclamaban un giro radical de la política del Ejecutivo. Campesinos y obreros exigían profundas reformas sociales, mientras que los propios revolucionarios estaban divididos. En el sur, el líder agrarista Emiliano Zapata (1879-1919) se levantó en armas, lo mismo que Orozco en el norte. Además, los antiguos porfiristas, con apoyo de la embajada de los Estados Unidos, conspiraban para una vuelta a la situación anterior. La falta de apoyos del nuevo presidente se hizo evidente en 1913 cuando Victoriano Huerta (1854-1916), general encargado por Madero de reprimir los disturbios, dio un golpe de Estado que provocó la caída y asesinato del presidente (1913) y su autoproclamación como jefe del Estado.

    Para combatir a Huerta, los jefes revolucionarios se agruparon en torno a la figura de Venustiano Carranza (1859-1920) y suscribieron el Plan de Guadalupe (1913), por el que se comprometían a restaurar la legalidad constitucional. Aunque los objetivos se cumplieron, las fuerzas revolucionarias seguían insatisfechas, lo que provocó la continuación de las luchas durante seis años más. Sólo la muerte de los principales líderes revolucionarios (Huerta, Zapata, Villa) y la contundente victoria de Álvaro Obregón (1880-1928) sobre las tropas de Carranza pusieron fin a la etapa armada.

    Tras un presidencia interina, el mismo Obregón asumió la jefatura del Gobierno. La presidencia de Obregón tuvo como prioridades la pacificación del país, la reconstrucción de una economía dañada por diez años de luchas, el reparto de tierras a los campesinos y la implantación de los logros políticos emanados de la revolución (leyes de protección de los obreros, creación de sindicatos, educación gratuita…). Muchas de estas medidas estaban ya recogidas en la Constitución de 1917, pero sólo entraron en vigor durante las presidencias de Obregón y de Plutarco Elías Calles, su aliado y sucesor a partir de 1924. La política anticlerical emanada de la Constitución y aplicada por Obregón y Calles produjo un duro enfrentamiento con los sectores católicos –Guerra de los Cristeros (1926-29)– que llevaría a la muerte al primero de ellos. Sin embargo, para entonces la revolución ya estaba plenamente consolidada gracias a la puesta en marcha de un sistema unipartidista en el que la única asociación política permitida, el Partido Revolucionario Nacional (génesis de lo que en 1946 sería el Partido Revolucionario Institucional o PRI), agrupaba a todas las fuerzas revolucionarias –líderes militares, regionales, campesinos y obreros– y excluía a los elementos reaccionarios, especialmente a los sectores vinculados a la Iglesia.

    Los países caribeños y centroamericanos

    En la región caribeña y centroamericana los hechos más destacables ocurrieron en Cuba. La isla era la última posesión española en el continente americano y poseía una gran importancia tanto en términos de prestigio como económicos para la otrora potencia colonial. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la política neocolonial de la metrópoli y los intereses estadounidenses en las plantaciones azucareras de la isla habían provocado numerosos actos de filibusterismo y diversas revueltas. De estas últimas, la más significativa fue la protagonizada por Carlos Manuel de Céspedes (1819-1974) y su «Grito de Yara» (1868), que dio inicio a una guerra de diez años (1868-78) y a su continuación, la «guerra chiquita» (1879-80). Si bien estas revoluciones no contaron con grandes apoyos entre las oligarquías locales, habían interrumpido la actividad económica de la isla, inestabilidad que dejaría un poso de intranquilidad en los años subsiguientes.

    Dicha intranquilidad se vería aumentada posteriormente por los continuos intentos estadounidenses por comprar Cuba. Ante la negativa de Madrid y de los oligarcas cubanos, temerosos de que la compra significara el fin de la esclavitud y, por tanto, del modelo económico existente, los Estados Unidos continuaron financiando las actividades opositoras en la isla. Éstas cristalizarían en un nuevo levantamiento en 1895, liderado por José Martí (1853-1895) y Máximo Gómez (1836-1905). La brutal represión española, encabezada por el general Valeriano Weyler (1838-1930), no hizo sino sumar apoyos a los insurgentes, los cuales pasaron rápidamente a controlar las regiones orientales de la isla.

    Emiliano Zapata (foto en blanco y negro)) y Pancho Villa (en sepia) fueron los dos principales dirigentes de la revolución. En defensa de cambios sociales y de la reforma agraria mantuvieron su beligerancia a lo largo de la década de 1910.

    Emiliano Zapata (foto en blanco y negro)) y Pancho Villa (en sepia) fueron los dos principales dirigentes de la revolución. En defensa de cambios sociales y de la reforma agraria mantuvieron su beligerancia a lo largo de la década de 1910.

    Para cuando el Gobierno español intentó reaccionar, retirando a Weyler y prometiendo la introducción de numerosas reformas, ya era demasiado tarde: la revuelta era generalizada y los Estados Unidos, aprovechando el misterioso hundimiento del acorazado Maine (1898), declararon la guerra a España. En una breve contienda que se extendió también a Filipinas, España perdió sus últimas colonias en el Caribe –Cuba y Puerto Rico–, así como el archipiélago asiático.

    Monumento a José Martí en la Habana. El héroe independentista cubano lideró el levantamiento de 1895.

    La derrota de las tropas españolas puso la isla de Cuba bajo control formal de los Estados Unidos hasta mayo de 1902, aunque de forma indirecta durante un periodo mucho mayor. Aunque en dicho año los cubanos eligieron a su primer presidente, Tomás Estrada Palma (1835-1908), la influencia estadounidense siempre se dejó notar, ya fuera a través de la Enmienda Platt (1901), que proveía la supervisión de Washington en cuestiones internacionales y la cesión de la base militar de Guantánamo, o mediante el apoyo de grupos opositores para que acabasen con dirigentes poco proclives a las inversiones estadounidenses en la isla (destitución de Gerardo Machado Morales en 1933). Esto fomentó sin duda las corruptelas a nivel político, pero también permitió la llegada a la isla de capitales extranjeros interesados en la explotación de las plantaciones azucareras, lo que favoreció un crecimiento económico sin igual en Cuba.

    La intervención de los Estados Unidos en 1898 resultó decisiva para la expulsión de los españoles de la isla de Cuba. En la imagen, un destacamento estadounidense que participó en los combates.

    También en Centroamérica fue notable la intervención, tanto diplomática como militar, de los Estados Unidos en las políticas internas de los países. Así sucedió, por ejemplo, en Guatemala y Honduras, donde la United Fruit Company gozaba de un gran control sobre las economías nacionales, hasta el punto de ser ella la encargada de realizar las inversiones en infraestructuras. En caso de que su posición se viera amenazada, siempre podía recurrir al apoyo del Gobierno estadounidense (envío de tropas a Honduras en 1911). El recurso de la fuerza también fue obvio en Nicaragua, en donde los marines estadounidenses permanecieron entre 1909 y 1925, o en Panamá, cuya independencia de Colombia en 1903 fue apoyada por Washington para terminar de hacerse con el control del futuro canal entre los océanos Atlántico y Pacífico. Incluso Costa Rica, quizá el país más estable en Centroamérica del periodo, se halló bajo el control estadounidense (desalojo de Federico Tinoco en 1919, arbitraje de las disputas fronterizas con Panamá en 1921).

    Colombia y Venezuela

    En Colombia, las disputas entre liberales y conservadores se saldaron con el triunfo de estos últimos, tras el triunfo de Rafael Núñez, quien encabezó un periodo denominado de Regeneración (1880-95) en el que se restablecieron las relaciones con la Santa Sede y se promulgó una nueva Constitución (1886). Posteriormente volvieron a surgir los conflictos entre ambas facciones políticas, que derivaron en una guerra civil (Guerra de los Mil Días, 1899-1903) y en agrias disputas parlamentarias que favorecieron la escisión de Panamá en 1903.

    Al año siguiente, Rafael Reyes Prieto (1849-1921) asumió la presidencia e intentó conciliar a ambos sectores, lo que propició una mejora de la economía. No obstante, su política autoritaria provocó su destitución (1909), aunque no el desalojo del poder por parte de los conservadores. Éstos seguirían al frente de la nación hasta 1930, impulsados por una bonanza económica sobrevenida por el auge de los precios del café.

    En Venezuela, las políticas de Antonio Guzmán Blanco fueron continuadas por Joaquín Crespo (1841-1898), quien, sin embargo, tuvo que hacer frente a una creciente oposición. La intranquilidad en el país se acabó materializando en 1899 con un levantamiento militar que llevó al poder a Cipriano Castro (1858-1924), primero de una serie de caudillos del estado de Táchira, conocidos como los Andinos, que gobernarían Venezuela durante la primera mitad del siglo XX. Las irregularidades en el mandato de Castro provocaron numerosas revueltas internas y diversas intervenciones extranjeras, entre ellas un bloqueo anglo-francés (1902-03) y un ataque holandés (1908).

    Más próspero fue el mandato de Juan Vicente Gómez (1857-1935), quien regiría los destinos del país desde 1909 hasta su muerte. Sus métodos autoritarios acabaron con cualquier oposición interna y otorgaron una gran estabilidad política al país. Este clima permitió a Venezuela aprovechar la prosperidad económica surgida tras la estela de las explotaciones petrolíferas por parte de compañías extranjeras. Los beneficios obtenidos fueron invertidos no sólo en pagar la gran deuda existente, sino también en modernizar las infraestructuras de la nación.

    Los países andinos

    En el Ecuador, tras la muerte de Gabriel García Moreno se abrió un periodo de inestabilidad que sólo llegó a su fin con la obtención del poder por parte del general Eloy Alfaro. Aunque éste era de ideología liberal y próximo a los círculos empresariales de la costera Guayaquil, muchas de las prácticas de su predecesor fueron continuadas. Las mayores diferencias entre ambos mandatarios se dieron en el ámbito religioso, donde la política pro católica del primero cambió a un anticlericalismo total (abolición del diezmo, desamortización de las tierras eclesiásticas, institución del matrimonio civil, etc.) durante el mandato del segundo; sin embargo, Alfaro continuó el programa ya existente de infraestructuras (construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil, 1908) y siguió empleando métodos autoritarios en la toma de decisiones.

    Lámina que muestra los violentos enfrentamientos que se produjeron en Colombia durante la Guerra de los Mil Días. La contienda fue ocasionada por las permanentes disputas entre liberales y conservadores.

    La deposición en 1911 de Eloy Alfaro dio inicio a un periodo de graves luchas intestinas durante el cual los liberales se mantuvieron en el poder. No obstante, la situación ya no fue tranquila: los problemas económicos de la posguerra llevaron a los sindicatos de Guayaquil a numerosas movilizaciones que fueron contestadas por el Ejército (1922). Sería precisamente el estamento militar quien en 1925 lideraría un alzamiento para poner fin al régimen liberal.

    A diferencia de los países de la frontera septentrional, el Perú vivió el periodo en relativa calma. La prosperidad económica favoreció la alternancia política y evitó las continuas disputas características de otros países latinoamericanos. La principal figura política del periodo fue Augusto Bernardino Leguía (1863-1932), quien dirigió el país durante gran parte de las décadas de 1910 y 1920. Leguía impulsó las reformas económicas que permitieron vivir al Perú en prosperidad, al tiempo que intentaba proteger a las comunidades indígenas contra la expropiación. El fracaso de esta última medida favoreció el auge del movimiento aprista liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien aglutinó a la oposición indígena y de las clases medias. Por otra parte, el pacto Perú-Chile, por el que el primero cedía definitivamente Arica al segundo, exacerbó los ánimos nacionalistas. Todo ello desembocó en un levantamiento militar que acabó con el mandato de Leguía en 1930.

    Aunque el presidente peruano Augusto Bernardino Leguía consiguió solucionar el problema fronterizo con Chile, la profunda crisis socioeconómica que afectó al país en 1929 acabó propiciando un alzamiento militar que le apartó de la jefatura de la nación.

    Bolivia también conoció una gran estabilidad, al menos hasta la década de 1920. La normalidad implantada por los conservadores en el periodo precedente fue continuada por los liberales, grandes beneficiados de la crisis de la plata (sector minero asociado a los primeros) y del auge del estaño. Uno de sus líderes, Ismael Montes, presidente durante las dos primeras décadas del siglo XX, puso fin a las disputas territoriales con Chile y Brasil, consiguiendo a cambio importantes indemnizaciones monetarias. Dicho dinero fue destinado, junto con los beneficios del estaño, a la construcción de importantes infraestructuras (ferrocarril La Paz-Antofagasta y La Paz-Arica). En 1920, el descrédito sufrido por los liberales, tras dos décadas al frente del país, permitió a los republicanos alzarse con el poder tras un levantamiento: se inició entonces un periodo de cierta inestabilidad debido a las luchas faccionales dentro del partido, que posteriormente se verían acentuadas con la crisis de 1929.

    Domingo Faustino Sarmiento presidió la Argentina entre 1868 y 1874. Su labor traspasó el ámbito político, pues fue un extraordinario escritor y un hombre de vasta cultura.

    En Chile, la Guerra del Pacífico dejó la economía nacional maltrecha, imposibilitando el programa presidencialista de José Manuel Balmaceda (1840-1891), depuesto finalmente por un levantamiento favorecido por las oligarquías (1891). La caída de Balmaceda abrió un periodo en el que el antiguo presidencialismo dejó paso al parlamentarismo, al tiempo que las clases altas y medio-altas se configuraban definitivamente como verdaderos partidos políticos: Partido Democrático (1887), Partido Radical (1888), Partido Socialista (1901). Las sucesiones en el Gobierno fueron pacíficas, pese a que siempre entraban en conflicto los intereses contrapuestos de unos y otros grupos y a que la aparición de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas promovieron frecuentes huelgas.

    A lo largo de la década de 1920, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear se alternaron en la presidencia de la Argentina. Ambos aparecen abrazándose en una fotografía tomada en el puerto de Buenos Aires en 1922.

    En 1915 accedió al poder Juan Luis Sanfuentes (1858-1930), quien inauguró un periodo de crecimiento económico gracias a la exportación de materias primas. El capital obtenido sirvió para emprender políticas de carácter social, lo que valió a los liberales para instalarse cómodamente en el poder en los años sucesivos. Sin embargo, en 1924 fueron desalojados por una reacción conservadora, que derrocó temporalmente al presidente Arturo Alessandri (1868-1950). Con el regreso de éste, Chile volvió a una etapa presidencialista (Constitución de 1925) que no terminó de cuajar debido a la grave crisis económica de 1929, la cual puso coto a las exportaciones chilenas.

    Argentina, Uruguay y Paraguay

    Tras la Guerra de la Triple Alianza, la Argentina conoció un periodo en el que las facciones políticas bonaerenses fueron perdiendo terreno ante presidentes nacidos en las provincias (Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca) y que gozaron de gran prestigio gracias a la relativa buena marcha de la economía del país –salvo por la crisis mundial de 1873 y la inflación de 1890– y a los éxitos militares en la «conquista del desierto», hecho que significó la apertura definitiva de la Patagonia a la colonización europea. Este prestigio sería fundamental para que Roca pudiera finalmente cerrar la cuestión bonaerense haciendo de la ciudad un Distrito Federal y confirmando su capitalidad.

    La gran crisis económica de la década de 1890 fue definitiva para la conformación política de la nueva Argentina. La inestabilidad social favoreció la aparición de un nuevo partido, la Unión Cívica Radical, que comenzó a amenazar la posición monopolística de los conservadores. Ésta se resquebrajó de forma definitiva durante la segunda presidencia de Roca, de tal forma que su sustituto, Roque Sáenz Peña (1851-1914), tuvo que admitir la necesidad de llevar a cabo una reforma electoral. La instauración del sufragio universal masculino (1912) llevó definitivamente al poder en 1916 a los radicales, liderados por Hipólito Yrigoyen (1852-1933).

    Los apoyos que recibió Yrigoyen, entre otros los de las clases medias del litoral y los hacendados del interior, le permitieron llevar a cabo profundas reformas. Éstas tendieron a favorecer a las emergentes clases obreras y a promover la nacionalización de la economía (especialmente el petróleo), lo que motivó el disgusto de las oligarquías tradicionales. Sin embargo, no hubo grandes protestas, dada la bonanza económica proporcionada por las exportaciones de carne y cereales, con el consiguiente aumento de las divisas. La fractura en el Partido Radical vendría del seno de la propia formación: el sucesor de Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear (1868-1942), se demostró más conservador de lo esperado por su predecesor, con lo que surgieron las primeras fricciones internas. Para cuando Yrigoyen consiguió retornar al poder, la crisis de 1929 ya se avecinaba sobre la sociedad argentina.

    En Uruguay, las disputas entre blancos (liderados por Aparicio Saravia) y colorados (dirigidos sucesivamente por Juan Idiarte Borda y José Batlle y Ordóñez) cerraron de forma sangrienta el siglo XIX. Sin embargo, tras las guerras civiles, la llegada al poder de José Batlle y Ordóñez (1856-1929) en 1903 y la victoria definitiva sobre los blancos supusieron la apertura de un periodo marcado por un importante crecimiento económico y la promulgación de diversas reformas de carácter liberal (recorte a los beneficios extranjeros, promoción de la inmigración y las obras públicas, leyes proteccionistas de la infancia y los trabajadores). No obstante, las ideas de Batlle sobre la creación de un órgano consultivo que sirviese de contrapeso a la presidencia causaron cierto malestar en su propio partido.

    Los dos primeros presidentes de la república brasileña, Manuel Deodoro da Fonseca (izquierda) y Floriano Peixoto (derecha).

    Los dos primeros presidentes de la república brasileña, Manuel Deodoro da Fonseca (izquierda) y Floriano Peixoto (derecha).

    En Paraguay, la derrota en la Guerra de la Triple Alianza dejó un territorio ocupado por fuerzas brasileñas y una gran devastación. La reconstrucción fue difícil, y el país quedó sometido a la presión de Brasil y la Argentina y carente de verdaderas estructuras políticas. Éstas llegarían en 1887, al nacer los dos partidos que marcarían el periodo: los colorados (1887-1904) y los liberales (1904-1934). Estos últimos tendrían que hacer frente a un nuevo conflicto fronterizo: la Guerra del Chaco.

    Brasil

    El periodo de transición entre el fin del imperio y la implantación de la nueva república democrática y federalista fue dirigido por militares, como Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892) y Floriano Peixoto (1839-1895), muy estimados por su papel en la instauración de la república, pero poco capacitados para el nuevo juego político que ahora se exigía. Cedieron, sin embargo, un territorio prácticamente pacificado al poder civil, encarnado por Prudente de Morais (1841-1912) y sus sucesores. Con ellos se abrió un periodo conocido como el de los «presidentes del café», al proceder la mayoría de jefes de los estados de São Paulo y Minas Gerais; esto no hacía sino reflejar la profunda transformación económica del país, que pasó de ser un eminente exportador de azúcar a basar gran parte de su riqueza en la producción y comercialización del café.

    Si bien los beneficios económicos durante esta época fueron notables y se reflejaron en las nuevas infraestructuras, en el embellecimiento de ciudades como São Paulo y Río de Janeiro y en la colonización de las tierras del interior, el periodo no estuvo exento de problemas. En 1922, una crisis coyuntural debida a los reajustes de la posguerra exacerbó los ánimos de la creciente oposición entre las clases medias, que estaban excluidas del poder. El intento fallido de levantamiento no acabó con la oligarquía cafetera, pero sí inició un periodo de turbulencias en el que acabaría jugando un importante papel un grupo de jóvenes oficiales del Ejército: los tenentes (revuelta de 1924). Finalmente, esta oposición acabaría con el monopolio oligárquico en 1930 al apoyar a Getúlio Vargas en su ascenso al poder.

    Cronología

    Principales acontecimientos de los primeros años del siglo XX en México, uno de cuyos hechos fundamentales fue la llamada Revolución mexicana.

    Principales acontecimientos de Latinoamérica entre las tres últimas décadas del siglo xix y las tres primeras del xx.