El debate en torno a los modelos de Estado

    Con la progresiva desaparición de las grandes entidades estatales surgidas inmediatamente después de la emancipación, comenzaron a configurarse los actuales países latinoamericanos. La tarea no fue fácil, pues en cada sociedad había sectores e intereses diferentes, cada uno de los cuales tenía un proyecto de Estado distinto al de los demás. En ocasiones, las divergencias entre los distintos modelos estatales fueron la causa de cruentas guerras civiles, que se prolongaron hasta mediados del siglo XIX y, a veces, hasta más allá. Las naciones se vieron agitadas por periodos de gran convulsión política y sufrieron el establecimiento de dictaduras. Varios congresos nacionales intentaron estabilizar la situación apelando a las leyes y la diplomacia, pero no pudieron evitar los conflictos armados.

    En los primeros momentos de independencia, cada país era una joven república que luchaba por encontrar su propia identidad, e incluso por definir sus propias fronteras a costa de los países vecinos. Algunos conflictos fronterizos degeneraron en guerras, como la que enfrentó a Chile y al Perú, que acabaron de perfilar las fronteras nacionales.

    En resumen, el periodo que comprende desde la década de 1830 hasta la de 1880 supone la consolidación de las naciones de Latinoamérica mediante la creación de estructuras políticas adecuadas a la nueva situación de país independiente y la fijación de los diferentes modelos de Estado. En esta época se van a sentar las bases políticas, económicas y sociales que marcarán el futuro de los distintos países de América Latina.

    Las nuevas élites políticas latinoamericanas

    Una de las consecuencias de las guerras de independencia fue que las sociedades de las recién nacidas repúblicas estuvieron dominadas, en su primera etapa, por el militarismo y la ruralización. Mientras duraron las guerras, la situación en cada país fue de desorden político y de debilitamiento del poder central y de las élites urbanas, empobrecidas por el conflicto. En este contexto alcanzaron suma importancia los caudillos o caciques, grandes propietarios que, teniendo ya un fuerte poder en sus regiones en la época colonial, durante la guerra se convirtieron en garantes del orden y la cohesión social en su área, muchas veces por medio de las armas y situándose al frente de milicias. Acabadas las guerras, muchos caudillos no reconocieron a los nuevos Estados, e incluso hubo quien quiso aprovechar la debilidad estatal para hacerse con el poder. La figura del caudillo investido de plenos poderes dictatoriales, que dominó la vida política de muchos países latinoamericanos durante el siglo XIX, estaba muchas veces al margen de las ideologías: hubo caudillos federalistas, centralistas, liberales y conservadores; incluso, algunos cambiaron de opción a medida que lo aconsejaban las circunstancias políticas.

    Uno de los problemas que hubieron de afrontar los recién creados Estados americanos fue el de acabar con las guerras internas entre facciones ideológicamente enfrentadas. La ilustración muestra una escena de la batalla de Ingavi, disputada entre partidarios y contarios a la unión de Bolivia y el Perú.

    En cuanto a las cuestiones ideológicas, el panorama de las jóvenes naciones fue muy convulso. La participación en la vida política estaba restringida sólo a una parte de la población –la oligarquía–, que se reunía en clubes, salones y tertulias para discutir sobre asuntos de gobierno. Los partidos políticos apenas estaban organizados y casi su única finalidad era ganar las elecciones, de forma que sólo se activaban cuando éstas estaban próximas a celebrarse. Los miembros de la clase dirigente estaban fuertemente relacionados por lazos familiares, lealtades personales y regionales, que se situaban por encima de las diferencias ideológicas.

    El caudillismo fue un fenómeno político que se dio en los países latinoamericanos en los momentos posteriores a su independencia. La ilustración muestra un retrato de Juan José Flores, caudillo del Ecuador a mediados del siglo.

    La política latinoamericana en este periodo estuvo dominada por dos opciones, la liberal y la conservadora, que, a grandes rasgos, presentaban las siguientes características:

    • Liberalismo. Esta tendencia se originó en la segunda mitad del siglo XVIII, con la aparición de las ideas ilustradas. Defendía, por encima de cualquier otro valor, la libertad del individuo dentro del Estado, libertad que le correspondía en cuanto ciudadano sujeto a una serie de derechos y obligaciones. El liberalismo se interesó en aumentar el bienestar de los hombres, para lo que elaboró el concepto de derechos humanos. En el ámbito político, los liberales defendieron la separación entre la Iglesia y el Estado, la restricción del papel de éste en la vida económica y la implantación de libertades, como las de religión, expresión, comercio e imprenta.

    • Conservadurismo. La ideología conservadora derivaba del pensamiento tradicionalista europeo. Los conservadores defendían que la base de la sociedad estaba en el orden y el respeto a la norma y la tradición. Este orden se reflejaba en todos los ámbitos: político, social, familiar, moral, etc. La moral, fundamentalmente cristiana, era considerada el elemento esencial de la sociedad, de forma que la religión se convertía en una cuestión estatal y resultaba impensable que la Iglesia viviera al margen del Estado.

    Estas diferencias ideológicas no siempre tenían su reflejo en la práctica política, pues en ocasiones el comportamiento o las posturas ante determinadas cuestiones de liberales y conservadores apenas se distinguían. Pese a ello, el principal punto de fricción entre liberales y conservadores fue la cuestión de la Iglesia católica. Desde mediados del siglo XIX, la cuestión religiosa adquirió gran protagonismo, especialmente en México, Colombia, el Perú o Chile.

    Los diferentes modelos de Estado

    Lograda la independencia, cada país debía encontrar un modo de organizarse. Era preciso, por un lado, desmontar las viejas estructuras coloniales, ligadas a la monarquía absoluta, y, por otro, crear nuevos elementos políticos que sirvieran para organizar el país y permitir una vida diaria basada en la libertad y el progreso. Se necesitaba, en definitiva, un nuevo marco político que asegurase la gobernabilidad de los nuevos países: una Constitución. América Latina se situaba, así, como uno de los primeros espacios del mundo en buscar un marco de libertad política en el que organizar sus sociedades, frente a los sistemas monárquicos absolutistas que dominaban el Viejo Mundo.

    Muy pronto, desde los primeros tiempos de la vida independiente, las sociedades americanas vivieron intensos debates sobre los sistemas de Gobierno. Las posturas mantenidas en estos debates recibieron cuatro grandes influencias: la experiencia legislativa del Reino Unido, el constitucionalismo federal de los Estados Unidos, el igualitarismo emanado de la Revolución francesa y las revoluciones europeas de los años 1830 y 1848. Todas estas influencias –a las que debe añadirse la situación derivada de la Constitución liberal de Cádiz de 1812–, unidas a las circunstancias particulares de cada país, se reflejan en el origen de las distintas Constituciones latinoamericanas del periodo.

    Catedral de la ciudad colombiana de Santa Marta. Buena parte de las disputas entre liberales y conservadores se debieron a la distinta interpretación del papel que la Iglesia debía desempeñar en el Estado: mientras los primeros propugnaban la separación de las dos instituciones, los segundos se mostraron firmes defensores de la vinculación entre ambas.

    Las primeras Constituciones, como las de Nueva Granada, Venezuela y Chile, fueron escritas en plenas guerras de independencia, y se basaban en los principios del contrato social y la soberanía popular. Algunas de las Constituciones del periodo inmediato a las guerras resultaban autoritarias y centralistas, dadas las dificultades del contexto político. Sin embargo, estaban también marcadas por el liberalismo, con derechos reconocidos como el de igualdad ante la ley, respeto a la propiedad, e incluso, en algunas, libertad de prensa y división de poderes. En este sentido se inscribían, por ejemplo, las Constituciones promovidas por Simón Bolívar, que defendían la existencia de un Gobierno de amplios poderes, aunque su vigencia fue muy breve.

    La Constitución liberal española promulgada en 1812 en Cádiz (momento que recoge la ilustración) tuvo una gran influencia en las primeras Cartas Magnas de los países de América Latina.

    El objetivo prioritario de las primeras Constituciones era lograr la paz en el país, estableciendo un marco de relación entre las distintas opciones políticas e intereses. Sin embargo, las guerras civiles y el clima de constante inestabilidad hacían de estas Constituciones apenas un papel mojado. En muchas ocasiones fueron las rebeliones de un sector social, y no las elecciones, las que derribaron a los Gobiernos. Los primeros textos constitucionales, más o menos hasta la década de 1830, estaban dominados por el federalismo: reflejaban los deseos de algunas regiones de no quedar sometidas a un poder central y buscaban el equilibrio entre las élites regionales.

    Palacio de Gobierno de Santiago, en un paisaje de la capital chilena a mediados del siglo xix. Establecer las señas de identidad nacional fue una tarea prioritaria de los nuevos Estados.

    Lograda la independencia, las sociedades latinoamericanas buscaron transformarse, dejando atrás la herencia colonial. Durante estos primeros años, pues, la ideología dominante fue el reformismo liberal, lo que quedó plasmado en las Constituciones de la época. Sin embargo, al acabar la década, el conservadurismo se impuso en casi todos los países; en consecuencia, los textos constitucionales, más centralistas, reflejaron un interés por reforzar el poder ejecutivo de los Gobiernos. Más tarde, a finales de la década de 1840 el crecimiento económico y la apertura de América Latina se plasmaron en una vuelta del liberalismo y, en consecuencia, en constituciones reformistas y federalistas.

    La construcción de las nuevas repúblicas

    Cuando concluyó el proceso de independencia, Latinoamérica quedó dividida en un conjunto heterogéneo de países, muchos de ellos no muy bien definidos territorialmente. Además, cada Estado debía crear una organización nueva, en sustitución de la estructura colonial. Los miembros de las oligarquías y los funcionarios más allegados a ellos fueron los primeros en ocupar los nuevos cargos políticos surgidos en la Administración y el Estado. Muy pronto, sin embargo, en todos los países comenzaron a aflorar los problemas derivados de la nueva situación. Dichos problemas pueden sintetizarse en:

    • Búsqueda de una identidad nacional. La primera tarea afrontada por los primeros Gobiernos republicanos fue la de lograr dar forma a un Estado joven, una inexperta Administración, un territorio no muy bien definido y una población heterogénea. Cada Gobierno se afanó por conseguir el reconocimiento internacional para su país, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con las principales potencias de la época –los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido–. De modo solidario, los países que habían obtenido antes la independencia reconocían diplomáticamente de inmediato a los que la acababan de conseguir.

    • Definición de fronteras. Las disputas fronterizas entre las nuevas repúblicas fueron frecuentes en las primeras décadas después de la independencia. Además, muchos de sus políticos admiraban la obra expansionista llevada a cabo en Europa por Napoleón, la cual intentaron aplicar en sus propios países por medio de guerras de conquista que ensancharan sus fronteras. En este sentido, los mejores ejemplos los encontramos en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en la Gran Colombia. A lo largo de todo el siglo XIX, los cambios y conflictos fronterizos fueron una constante, hasta que el paso del tiempo acabó por configurar los países que se observan hoy día.

    • Inexperiencia de la clase política. Las nuevas élites habían surgido de la guerra por la independencia y tenían, por tanto, una formación más militar que política o administrativa. Además, el sistema de partidos tardó en imponerse, lo que provocó que los Gobiernos resultaran débiles, muchas veces incapaces de detener las tendencias regionalistas o las disputas por el poder. Muchos líderes militares, auténticos héroes populares, se convirtieron en caudillos. Algunos de ellos, como Simón Bolívar o José de San Martín, fueron grandes personalidades que lucharon por el bienestar de sus países, pero en otras ocasiones los caudillos acabaron por convertirse en dictadores. Las disputas políticas fueron una constante durante las primeras décadas de la vida independiente.

    • Intervencionismo extranjero. La debilidad de las nuevas repúblicas, debido a las disputas internas y las guerras exteriores, facilitó el intervencionismo de las potencias extranjeras, fundamentalmente los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. En ocasiones, el intervencionismo fue de tipo militar, dando lugar a guerras o expediciones bélicas; mucho más frecuente, y eficaz a largo plazo, fue el imperialismo económico, que hizo de Latinoamérica una región dependiente de las potencias internacionales.

    El desarrollo regional

    Como ya se ha indicado, las primeras décadas de conformación de las naciones latinoamericanas resultaron muy complicadas, pues los Congresos de los diversos países se mostraban incapaces de mantener la ley y el orden, lo que derivó en el surgimiento del caudillaje y de las dictaduras. No menor fue el problema de insertar a los nuevos Estados en el entramado económico internacional y de conseguir su reconocimiento por las naciones ya consolidadas, algo que, en el caso de España por ejemplo, hubo de esperar hasta mediada la década de 1830, una vez muerto Fernando VII, quien se había negado a reconocer a ninguno de estos países. A continuación se analiza cómo se desarrollaron los primeros pasos de las naciones de Latinoamérica.

    Episodio de la guerra que enfrentó a los Estados Unidos y México. Tras la derrota, los mexicanos perdieron los territorios de Texas y Nuevo México.

    México

    Una vez desarbolado el efímero imperio mexicano de Agustín de Iturbide se creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo frente se situó Guadalupe Victoria. Tras abandonar éste el cargo en 1829, se sucedieron varios Gobiernos de corta duración, hasta que, en 1833, llegó al poder por primera vez –ocuparía la presidencia de la nación en once ocasiones– el general Antonio López de Santa Anna (1794-1876). Durante sus primeros mandatos, la joven república debió enfrentarse a serios problemas. El más grave de ellos fue el deseo separatista de los colonos de Texas que, apoyados por los Estados Unidos, se rebelaron en 1835 contra el poder central. El conflicto desembocó en una guerra entre los Estados Unidos y México, saldada con la derrota de este último y con la pérdida de Texas y Nuevo México, que pasaron a formar parte de la nación estadounidense.

    Después de varios años de luchas por la presidencia, Santa Anna volvió al Gobierno en 1847 gracias al apoyo de la Iglesia y la oligarquía, y se proclamó dictador con todos los poderes. En 1855 se fraguó una rebelión contra el general, conocida como Revolución de Ayutla, que empujó a Santa Anna hacia el exilio. Dio comienzo entonces un periodo de corte liberal, con gran apoyo popular, en el que destacó el Gobierno de Benito Juárez (1806-1872). Durante esta etapa se llevaron a cabo medidas como la separación de Iglesia y Estado, la secularización de la educación, la confiscación de los bienes eclesiásticos y el establecimiento de una política asamblearia.

    Escena del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. El escaso apoyo con que contaba se demostró insuficiente para mantener a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Capturado tras su derrota, fue ejecutado junto con sus colaboradores directos en 1867.

    En 1858 estalló una guerra civil entre liberales y conservadores. Los primeros, ayudados por los Estados Unidos, lograron importantes éxitos iniciales, lo que empujó a los conservadores a solicitar la ayuda de las potencias europeas. Respondieron a esta ayuda el Reino Unido, España y, especialmente, Francia, cuyo emperador, Napoleón III, deseaba extender la influencia gala por México. Desembarcadas en Veracruz las tropas extranjeras, en 1862 un tratado hizo que británicos y españoles se retiraran. Los franceses, sin embargo, continuaron la guerra: sus éxitos impulsaron a Juárez a refugiarse en el norte del país, mientras la jefatura de México, con el apoyo de los conservadores, pasó a recaer en el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo (1832-1867), quien gobernó bajo el título de emperador Maximiliano I.

    Al tener que abandonar México las tropas francesas para afrontar las amenazas expansionistas de Prusia, Maximiliano, contando con el exclusivo apoyo de los conservadores mexicanos, hubo de enfrentarse a las tropas de Juárez, respaldadas por los Estados Unidos y por numerosas personalidades de la política liberal y de la cultura europeas. Finalmente, en 1867, los juaristas derrotaron al Ejército del emperador: Maximiliano I fue detenido y fusilado.

    Con Benito Juárez nuevamente en el poder, un congreso nacional propuso nuevas reformas liberales. No obstante, la muerte de Juárez en 1872 supuso el inicio de un periodo de inestabilidad, que se prolongaría hasta el pronunciamiento militar de Porfirio Díaz en 1876.

    Centroamérica

    Hacia el final de la década de 1830, las Provincias Unidas de Centroamérica dejaron de existir. Primero Costa Rica, Honduras y Nicaragua (en 1838) y después Guatemala y El Salvador (1839) obtuvieron su independencia. Los primeros años de las recién nacidas repúblicas fueron de relativa prosperidad económica, debida en especial a las actividades agrícolas.

    Francisco Morazán, que había asistido a la disolución de las Provincias Unidas, realizó un nuevo intento de reunificación en 1840 (Pacto de Chinandega), que tampoco llegó a cristalizar por las constantes disputas entre conservadores y liberales. Por otra parte, aunque la inestabilidad política fue la constante del periodo, no tuvo las mismas consecuencias en todos los países: en unos, como Guatemala, derivó en el Gobierno dictatorial de tendencia liberal de Justo Rufino Barrios, mientras que en otros, como Costa Rica, se afirmó el sistema democrático.

    Colombia, Venezuela y Ecuador

    Tras el fin del proyecto de la Gran Colombia, Colombia y Panamá se constituyeron como un nuevo Estado, la República de la Nueva Granada, cuyo primer presidente fue Francisco de Paula Santander (1833-1837). Con él se inició un periodo marcado por la conformación de los dos grandes partidos nacionales, los liberales y los conservadores, enfrentados en torno a la cuestión de ordenación federalista o centralista del territorio y al papel de la Iglesia en el nuevo Estado.

    Esta confrontación se vio agravada por la conflictividad social surgida de las reformas económicas durante la década de 1850 y, sobre todo, durante la presidencia del general José Hilario López (1849-53). Éste abolió la esclavitud y suprimió la propiedad comunal indígena, alterando dos de los pilares sobre los que se había basado hasta entonces la economía colombiana. La última medida, la supresión de la propiedad comunal, afectó decisivamente a más de un tercio de colombianos, que hubieron de abandonar sus tradicionales medios de vida para convertirse en aparceros al servicio de los grandes terratenientes, capaces de ir adquiriendo, poco a poco, las tierras comunales que ahora quedaban libres.

    Todo ello provocó el recrudecimiento de las guerras civiles, constantes en las décadas de 1860 y 1870. Los federalistas, en el poder durante gran parte del periodo, apenas pudieron mantener un Ejército suficientemente potente para controlar los estallidos revolucionarios, debido, en gran medida, a su propia decisión de descapitalizar el Estado al suprimir impuestos o conceder su recaudación a las provincias.

    En su última etapa al frente de México, Benito Juárez propició diversas reformas de carácter liberal. La imagen le muestra retratado en un conocido mural de José Clemente Orozco.

    Comparada con Colombia, Venezuela vivió un periodo mucho más tranquilo, en parte gracias a la consolidación en la presidencia del antiguo compañero de Bolívar, el general José Antonio Páez (presidente en 1831-35 y 1839-43). Él fue el miembro más influyente del estamento político durante las dos primeras décadas de existencia de Venezuela como país independiente. Páez consiguió, con el apoyo de las clases conservadoras –conformadas por los grandes terratenientes y la mayoría de los empresarios–, fortalecer el Estado central (cargas impositivas sobre la Iglesia, control del Ejército, etc.) y sofocar cualquier levantamiento caudillista.

    Durante buena parte de la década de 1860, Venezuela se desangró en las contiendas civiles conocidas como guerras federalistas. La ascensión a la presidencia de la nación del liberal Antonio Guzmán Blanco puso fin a los conflictos. En las fotos, Antonio Guzmán y arco de homenaje a la Federación erigido en Caracas.

    Durante buena parte de la década de 1860, Venezuela se desangró en las contiendas civiles conocidas como guerras federalistas. La ascensión a la presidencia de la nación del liberal Antonio Guzmán Blanco puso fin a los conflictos. En las fotos, Antonio Guzmán y arco de homenaje a la Federación erigido en Caracas.

    A partir de 1840, sin embargo, se empezó a gestar una crisis que marcaría la historia venezolana en las siguientes décadas. Venezuela vio cómo su posición económica se debilitaba debido al descenso en la demanda de sus productos agrícolas, lo que a su vez hizo tambalearse a la facción conservadora. Asimismo, los liberales comenzaron a organizarse en torno a la figura de Antonio Leocadio Guzmán (1801-1884) y su periódico El Venezolano.

    Durante las dos ocasiones en que el general Ramón Castilla gobernó el Perú se acometieron importantes reformas económicas y sociales.

    Esta crisis estalló definitivamente en 1848. Los presidentes José Tadeo Monagas (1847-51, 1855-58 y 1868) y su hermano, José Gregorio Monagas (1851-55), convertidos en los verdaderos dominadores de la escena política venezolana, apoyaron las reivindicaciones liberales (abolición de la esclavitud, ampliación del sufragio) y sofocaron con autoridad los intentos de rebelión (derrota y exilio de Páez en 1848). Su estilo autoritario, sin embargo, provocó el desafecto de gran parte de la facción liberal, la cual, en 1858, se alió con los conservadores para acabar con los diez años de presidencia de los hermanos Monagas.

    La deposición de los personajes más fuertes de la historia venezolana reciente dio paso a un periodo de luchas civiles (guerras federalistas) que abarcó gran parte de la década de 1860. Las luchas, las revoluciones y el caudillismo sólo vieron su fin en 1870, con la llegada al poder del líder liberal Antonio Guzmán Blanco (1829-1899), el cual se convertiría en la figura dominante de la política venezolana durante las dos siguientes décadas.

    Merced a los numerosos recursos económicos invertidos, el Perú pudo frenar los intentos de España de recuperar la influencia en su región del Pacífico. El grabado recrea el asedio del puerto peruano de El Callao por la flota española.

    La Venezuela de Guzmán Blanco vivió un periodo de cierta estabilidad y profundas reformas socioeconómicas. Muchas de éstas pertenecían al ideario común de los liberales (fin de los privilegios eclesiásticos, desamortización de tierras de la Iglesia, sufragio masculino, etc.), si bien los métodos autoritarios con que eran aplicadas le granjearon numerosos enemigos incluso entre su propio partido. Esta oposición intentó aprovechar sus retiradas parciales del poder para acabar con sus reformas, aunque Guzmán Blanco siguió demostrando su genio político y militar al abortar dichas intentonas.

    Por su parte, la historia ecuatoriana entre 1830 y 1880 se puede dividir en tres fases claramente diferenciadas. Entre 1830 y 1845, los conflictos entre las facciones liberal, congregada en torno a la costera Guayaquil, y conservadora, cuya base de operaciones fue la serrana Quito, se solucionaron de forma más o menos pacífica mediante la alternancia pactada en el poder de sus dos principales líderes: Vicente Rocafuerte (1783-1847) y Juan José Flores (1800-1864), respectivamente. La desaparición de estos dos antiguos héroes de las guerras independentistas de la escena política dejó al Ecuador huérfano de grandes líderes y abrió un periodo de inestabilidad que duró hasta cerca de 1860; en estos quince años, las diferencias entre la costa, liberal, y la sierra, conservadora, se acentuaron.

    El tercer periodo, comprendido entre los años 1860 y 1875, estuvo dominado por Gabriel García Moreno (1821-1875). Como forma de solucionar la conflictividad latente entre las dos facciones políticas mencionadas, García Moreno llevó a cabo un programa de fuerte cohesión estatal basado en dos puntos básicos: autoritarismo y religión católica. Aunque aparentemente reaccionario, su programa permitió limar las diferencias entre Quito y Guayaquil, estructurar el país mediante una fuerte inversión en obras públicas (inicio de la construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil; reforestación de la Sierra) y, sobre todo, hacer brotar el nacionalismo ecuatoriano en torno a la fe católica.

    Perú, Bolivia y Chile

    En el Perú, el fenómeno del caudillismo cobró vida de la mano de los generales Agustín Gamarra (1785-1841), Felipe Salaverry (1805-1836) y Andrés de Santa Cruz (1792-1865). De estos tres, sin duda el más importante fue el último, un mestizo boliviano que favoreció la unión del Perú y Bolivia en una confederación. Ésta tuvo una corta existencia (1836-39), debido a los intereses nacionalistas peruanos y al temor chileno a tener una potencia militar en el norte. En 1839 tropas chilenas, con la ayuda de nacionalistas peruanos, derrotaron a Santa Cruz en Yungay e impusieron la disolución de la confederación.

    Las dos siguientes décadas estuvieron dominadas por las presidencias del general Ramón Castilla (1797-1867). De ideología cercana al liberalismo, Castilla implantó profundas reformas socioeconómicas (abolición de la esclavitud, fin del tributo sobre los indígenas) y promovió la llegada de mano de obra asiática para desempeñar las tareas de explotación agrícola.

    La retirada de Castilla del poder en 1862 abrió un periodo de grandes crisis militares. Dos años más tarde, el país tuvo que destinar importantes recursos económicos para hacer frente a los intentos españoles por ganar influencia en la zona. Posteriormente, la disputa con Chile por los depósitos de nitrato en el desierto de Atacama (por entonces territorio peruano) dio lugar a la desastrosa Guerra del Pacífico.

    Bolivia fue probablemente una de las naciones peor paradas tras las guerras de independencia. La crisis iniciada en el siglo XVIII debido al descenso de la producción minera se acentuó en el primer cuarto del XIX, lo que imposibilitó la reconstrucción nacional. El Estado sólo podía obtener recursos económicos mediante la imposición de fuertes tributos sobre la población indígena, y ello creaba importantes tensiones sociales que consumían los recursos económicos estatales.

    Fue en este panorama en el que surgió el caudillismo boliviano. Su figura más importante fue el mariscal Andrés de Santa Cruz, presidente del país entre 1829 y 1839 e impulsor de la breve confederación peruano-boliviana.

    A diferencia de muchos países de su entorno, Chile consiguió una gran estabilidad política tras las guerras de independencia. Esto se debió sobre todo al pacto entre las formaciones oligárquicas terratenientes que dio como resultado la Constitución de 1833, garante de sus derechos políticos y socioeconómicos, así como a los éxitos militares obtenidos en las guerras contra la confederación peruano-boliviana (1839) y del Pacífico (1879-83).

    Esta estabilidad sólo fue alterada a partir de la década de 1860 debido, irónicamente, a la prosperidad económica del país. Durante casi treinta años, Chile había dedicado todos sus esfuerzos a lograr la recuperación económica mediante la inversión en estructuras (puertos, ferrocarriles, etc.). Este esfuerzo se había visto recompensado con la reactivación de la economía del Pacífico gracias a la implantación de nuevas tecnologías (barco de vapor) y a la prosperidad de algunas regiones bañadas por dicho océano (California, Australia).

    Consecuencia de ello fue el surgimiento de nuevas facciones políticas vinculadas a intereses urbanos y liberales no representados en la Constitución de 1833. Los liberales intentaron desbancar por la fuerza (fallida «revolución de 1851», levantamiento radical de 1859) a unas oligarquías que daban sus primeros síntomas de división a causa de la cuestión eclesiástica.

    Tras los intentos fallidos de tomar el poder por la fuerza, los liberales acabaron entrando dentro del sistema constitucional chileno y participando de la vida política del país mediante alianzas con las facciones tradicionales. Esto les llevó por fin al poder durante la década de 1860 («la república liberal») y les permitió acabar con las prerrogativas eclesiásticas.

    La reacción de Chile ante la coalición militar boliviano-peruana provocó la guerra del Pacífico (de la que la ilustración recrea un episodio naval), en la que los chilenos obtuvieron una contundente victoria.

    Fue también durante este periodo cuando Chile ingresó de forma definitiva en la economía mundial. Se acentuaron las inversiones británicas sobre suelo chileno, así como las exportaciones de minerales del país americano hacia Europa. Alemania daría mayor vigor a la economía nacional gracias a las inversiones en las provincias de Antofagasta, Tarapacá y Arica.

    La Guerra del Pacífico. La explotación por parte de empresarios chilenos de los fértiles depósitos minerales de la costa boliviana –en un intento de conseguir nuevas concesiones hacia el interior– había convertido a Chile en uno de los principales inversores económicos en Bolivia desde la década de 1840. Intentando frenar la expansión chilena, Bolivia firmó un acuerdo secreto con el Perú (1873) y pretendió gravar las exportaciones del país del sur andino (1879), desconociendo los términos del tratado firmado con Chile en 1874. En defensa de sus intereses comerciales, Chile inició una ofensiva militar al año siguiente que rápidamente produjo como resultados la ocupación de Antofagasta (1879), la victoria sobre la alianza peruano-boliviana en Tacna y la ocupación de Arica (1880) y la entrada triunfal en Lima (1881). En 1883, la resistencia peruana era definitivamente vencida en Huamachuco. Tras la victoria chilena, el Tratado de Ancón corroboró dicha superioridad militar: el Perú hubo de ceder a Chile la provincia de Tarapacá a perpetuidad y las de Tacna y Arica por un periodo de diez años.

    Para Bolivia, la derrota tuvo importantes consecuencias. Por una parte, con el Tratado de Paz y Amistad, Bolivia cedió a Chile el territorio comprendido entre el Loa y el paralelo 23°, quedando sin una salida al mar, y logró libre tránsito por el puerto de Arica. Por otra parte, la derrota dañó con severidad el prestigio de la casta militar y los ricos potentados mineros quedaron como los únicos ciudadanos capaces de liderar políticamente el país.

    Uruguay y Paraguay

    Desde el nacimiento de la república uruguaya en 1828, el país tuvo que sufrir las constantes luchas faccionales y el intervencionismo de las naciones vecinas. Entre las primeras cabe destacar la llamada Guerra Grande que libraron los «colorados», partidarios de José Fructuoso Rivera (1784-1854), y los «blancos», seguidores de Manuel Oribe (1792-1857); de esta serie de choques militares, el episodio más importante fue el sitio de Montevideo (1843-51) por parte de Oribe.

    Durante el asedio de la capital ya se vio el interés internacional por intervenir en los asuntos de Uruguay, país que dominaba el Río de la Plata, una importante vía de comunicación con el interior del continente americano. Así, mientras la Argentina de Rosas apoyó al partido blanco, Brasil intervino a favor de los colorados, llegando a facilitar el derrocamiento del Gobierno blanco en 1865. Fue precisamente este intervencionismo el que provocaría la presencia de fuerzas uruguayas en dos conflictos: uno internacional, la Guerra de la Triple Alianza, y otro nacional, la guerra civil conocida como Revolución de las lanzas (1868-72).

    Tras la muerte de Rodríguez de Francia, el gobierno de Paraguay recayó, sucesivamente, en Carlos Antonio López y en su hijo, Francisco Solano. A esta época corresponde la construcción del palacio de López, actual sede del Gobierno de la nación.

    Tras el caos que siguió a la muerte de José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador que había regido los destinos del país durante más de 25 años, Paraguay vio surgir a una verdadera dinastía política: Carlos Antonio López (presidente entre 1844 y 1862) y su hijo, Francisco Solano López (máximo mandatario de 1862 a 1870). El primero se propuso modernizar el país, y especialmente el Ejército, para afrontar las continuas crisis regionales. Sin embargo, el fortalecimiento militar no evitó, durante los primeros años, que los pequeños conflictos surgidos fueran siempre desfavorables para la nación sudamericana, impotente ante la capacidad naval de brasileños, estadounidenses y británicos. La muerte de Carlos Antonio López en 1862 dejó los destinos del país en manos de su hijo, Francisco Solano, cuyo mandato estuvo marcado por la devastadora contienda de la Guerra de la Triple Alianza.

    La Guerra de la Triple Alianza. En 1864, el intervencionismo brasileño en Uruguay llevó a Paraguay a declarar la guerra al país carioca e iniciar la invasión del Matto Grosso. Aunque los primeros lances de la contienda se mostraron favorables a las fuerzas paraguayas, los planes militares de Francisco Solano pasaban por la invasión de Uruguay a través de territorio argentino. La negativa de Buenos Aires provocó una nueva declaración de guerra del Gobierno paraguayo y llevó a la Argentina, Uruguay y Brasil a firmar el Tratado de la Triple Alianza. La conjunción de las fuerzas argentino-brasileñas, y en menor medida las uruguayas, supuso un golpe demasiado fuerte para Paraguay, que empezó a sufrir numerosas y contundentes derrotas e incluso la invasión de su territorio. La obstinada resistencia de Francisco Solano llevó las desgracias de la guerra a la población civil: al pillaje de las tropas se sumaron el cólera y las hambrunas, de tal forma que en 1870, cuando el dictador fue definitivamente derrotado en Cerro Corá, casi la mitad de la población paraguaya había fallecido por una u otra causa. El sufrimiento aún se alargaría durante otros seis años más, en los que las tropas de ocupación brasileñas se encargaron de asegurarse el control del territorio y el desarme de los restos del Ejército paraguayo.

    Argentina

    En Argentina, el régimen de Juan Manuel de Rosas (1793-1877) dejó solventada la cuestión federalista durante veinte años. Aunque partidario teórico de la autonomía provincial frente a Buenos Aires, Rosas aplicó una política claramente centralista durante las décadas de 1830 y 1840 con el objetivo de controlar cualquier movimiento opositor en el país. Su posición le permitió jugar como árbitro en las discusiones entre las élites y las clases medias y bajas, lanzando a veces a unas contra otras. Esto no quiere decir, en cualquier caso, que la posición de Rosas fuese totalmente segura; por momentos, las fuerzas opositoras consiguieron defenestrar a algunos de sus aliados (caída del Gobierno bonaerense de Juan Ramón Balcarce).

    La Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por la Argentina, Brasil y Uruguay, llevó al desastre militar y político a la nación paraguaya. En la ilustración, una de las batallas de la contienda.

    En política exterior, Rosas no tuvo tanto éxito. Su apoyo indirecto a Chile durante la guerra contra la confederación peruano-boliviana apenas le reportó beneficios, mientras que sus intentos por afirmar la posición argentina en la región acabaron en fracaso. En 1833, el Reino Unido tomó posesión de las Malvinas, al tiempo que sus disputas con Uruguay lo llevaron a un claro enfrentamiento con las potencias occidentales (bloqueos francés y anglo-francés de Buenos Aires en 1838 y 1845, respectivamente), sin obtener claras contrapartidas. Finalmente, en 1851, Brasil y Uruguay acabaron apoyando al general Justo José de Urquiza (1801-1870), gobernador de Entre Ríos, quien en 1852 derrotó a Rosas (batalla de Caseros) y lo obligó a marchar al exilio.

    El acuerdo firmado por el centralista Bartolomé Mitre (en la imagen) y el federalista Justo José de Urquiza establecía la autonomía de las provincias argentinas, pero fijaba la capitalidad del país en la ciudad de Buenos Aires.

    Con la caída de Rosas volvió a abrirse el debate federalista. Tras diversas disputas políticas y militares, los partidos federalistas (liderados por Urquiza) y centralistas (comandados por el general Bartolomé Mitre, 1821-1906) llegaron a un entendimiento por el que se mantenía la autonomía provincial, pero Buenos Aires conservaba la capitalidad. Con Mitre como presidente, la Argentina participó en la ya comentada Guerra de la Triple Alianza.

    Brasil

    La abdicación de Pedro I en 1831 abrió un periodo de inestabilidad en Brasil, habida cuenta de la minoría de edad del futuro rey, Pedro II. Los regentes (Francisco de Lima e Silva, Diogo Antônio Feijó, Pedro de Araújo Lima, etc.) apenas consiguieron obtener apoyo de la sociedad civil o del Ejército, y no pudieron controlar los conatos de guerra civil. Aunque la promulgación en 1834 de una Constitución que ampliaba las competencias provinciales fue bien recibida por los federalistas, la presión popular llevó a la regencia a claudicar en 1840 y a promover en las Cortes la declaración de mayoría de edad de Pedro II, quien por entonces tenía 14 años.

    Aunque de carácter liberal, Pedro II no renunció a sus poderes como mandatario y el Parlamento fue firmemente controlado por el principal asesor del joven rey, Luis Alves de Lima e Silva, el duque de Caxias. Esta firmeza, o la mostrada durante las intervenciones en Uruguay y la Guerra de la Triple Alianza, contrastó sin embargo con las dudas acerca de la cuestión esclavista.

    La modernización económica de Brasil fue lenta, y durante el reinado de Pedro II el país dependía básicamente de la producción de los esclavos en las plantaciones de azúcar, algodón o café. Este atraso había sido objeto de fuertes críticas por parte de jóvenes oficiales liberales del Ejército y del movimiento abolicionista. Aunque el rey había mostrado sus preferencias por la abolición, las élites brasileñas, formadas sobre todo por grandes terratenientes, se negaban a desprenderse de sus esclavos, lo que llevó al monarca a proceder con mucha cautela. De hecho, la abolición en Brasil no partió tanto del propio rey (a pesar de alguna tímida legislación) como de algunas oligarquías provinciales de ideología liberal. En 1884, los estados de Amazonas y Ceará liberaron a sus esclavos, obligando al Gobierno de la nación a imitarlos (aunque con grandes restricciones: sólo se liberó a los mayores de 60 años). Finalmente, en 1888, se firmaba el Decreto de Emancipación que ponía fin a la esclavitud brasileña. La pérdida de apoyos que sufrió la monarquía por esta cuestión, en especial de la clase terrateniente, junto al desafecto de grandes secciones del Ejército, llevó finalmente a Pedro II a abdicar en 1889. Catorce meses más tarde se proclamaba la república.

    Cronología

    Principales acontecimientos de la vida latinoamericana entre 1830 y 1890.