La conformación de los nuevos Estados

    Las guerras de independencia, aunque coronadas con éxito, no fueron ni mucho menos definitivas. En su gran mayoría se habían dado en el contexto de los antiguos virreinatos coloniales, extensos territorios que reunían en ellos numerosas provincias diferentes y múltiples intereses locales, no siempre coincidentes. Durante un periodo aproximado de veinte años, los nuevos Estados, cuyas fronteras coincidían en gran medida con las antiguas de los virreinatos, tuvieron no sólo que hacer frente a los problemas de configuración gubernamental y estatal, sino también a los diferentes procesos secesionistas que acabaron dando lugar a las modernas naciones latinoamericanas.

    El nacimiento de las naciones latinoamericanas

    Cuando concluyó el proceso de independencia, cada uno de los nuevos países inició su andadura con unas circunstancias y situaciones concretas. Aunque, a nivel global, se observa una serie de pautas comunes en toda Latinoamérica –caudillismo, búsqueda de identidad territorial, formación de nacionalidades, elaboración de constituciones, conflictos entre liberales y conservadores, intervencionismo exterior, incorporación a la economía mundial, etc.–, cada país tenía una situación particular determinada, fruto de sus propias peculiaridades sociales y económicas. En consecuencia, cada nación independiente tuvo una evolución distinta de las demás, lo que hace necesario analizar cada caso de manera separada.

    México

    La independencia mexicana, conseguida en septiembre de 1821, se había logrado no sólo merced a la acción militar de las fuerzas dirigidas por Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, sino también –y más fundamental, si cabe– a la unión de las facciones criollas de ideología liberal y conservadora. Los liberales deseaban una independencia que les diese el poder político y la libertad económica necesaria para la prosperidad de sus negocios; los conservadores, fuertemente vinculados a la Iglesia, querían cortar los lazos que los unían a una metrópoli que había intentado suprimir las órdenes religiosas, acabar con los tribunales eclesiásticos e impedir que el poder económico de la Iglesia siguiera creciendo mediante la prohibición de que esta institución adquiriese nuevas tierras. Tenían diferentes motivos, pero ambos consideraban que sus problemas tenían una única solución: la independencia.

    La coronación como emperador de Agustín I levantó gran oposición no sólo entre las elites políticas sino también dentro del estamento militar.

    Tras la emancipación, el primer paso fue la constitución de un Consejo de Regentes presidido por Iturbide y la convocatoria de un Congreso constituyente que estaría formado por los representantes de las antiguas intendencias coloniales. Pronto se vio que ambos organismos iban a tener que enfrentarse a dos problemas. Por una parte, liberales y conservadores comenzaron a hacer evidente su disparidad de criterios en cuanto a la organización del Estado: los primeros, descendientes del espíritu ilustrado del siglo XVIII, no estaban dispuestos a permitir que la Iglesia continuase ejerciendo su inmenso poder ni a ceder en los principios del laissez faire; los segundos no permitirían que el control se escapase de sus manos ni que la Iglesia sufriera menoscabo. Un problema añadido fue la postura adoptada por la antigua Capitanía General de Guatemala, cuyos representantes (es decir, los portavoces de las intendencias que la constituían) temían ceder la relativa independencia con la que habían actuado durante la época colonial ante la formalización de un Estado centralizado.

    El 18 de mayo de 1822, y bajo la excusa de un posible golpe de Estado, Agustín de Iturbide, con el apoyo de diversos grupos militares, proclamó la instauración del imperio, del cual él sería el máximo representante con el nombre de Agustín I. Al día siguiente, el Congreso aprobó la «elección popular» y aconsejó la aplicación del principio hereditario a la nueva monarquía. Ésta fue presentada ante el público el 21 de julio de ese mismo año a través de una fastuosa ceremonia.

    Por otra parte, y en contra de lo que pudiera parecer, el imperio no era capaz de aglutinar lealtades a su alrededor. Si bien recibió el reconocimiento internacional en otoño e invierno de ese año, las disensiones internas eran ya evidentes. El 31 de octubre, Iturbide decidió acabar con el principal organismo opositor, el Congreso civil, disolviéndolo y ordenando la constitución de una Junta de 45 hombres leales que debía sustituirlo.

    La acción de Iturbide levantó numerosas protestas no sólo entre los liberales y los conservadores moderados, sino también entre algunos de los principales miembros del estamento militar, como el general Antonio López de Santa Anna (1794-1876) o el antiguo héroe de la guerra de la independencia, Vicente Guerrero. Santa Anna, apoyado por las antiguas guerrillas, proclamó el 2 de diciembre de 1823 la instauración de la república mexicana; sabiendo Agustín I que esta rebelión no iba a quedarse en un caso aislado, decidió volver sobre sus pasos, convocando de nuevo el Congreso. Tras abdicar ese mismo mes, Iturbide partió voluntariamente hacia el exilio europeo, del que volvería en 1824 con la vana esperanza de recuperar el poder. Capturado por las fuerzas de la república, murió fusilado ese mismo año.

    En 1824, las fuerzas políticas comenzaron a organizar el nuevo Estado. La Constitución aprobada ese mismo año fijó la división del territorio en 19 estados federales, un distrito federal (ciudad de México) y cuatro territorios dependientes. Además, se abolió la esclavitud y se levantaron las leyes discriminatorias que pesaban sobre los indios, igualándolos en derechos y obligaciones a los ciudadanos de las clases criollas.

    La Carta Magna, sin embargo, no solucionaba el problema de la configuración estatal o la representatividad popular. Las estrictas leyes estatales excluían de hecho a gran parte de la población mexicana, dejando el poder en manos de las élites nacionales. Éstas, a su vez, se hallaban todavía divididas en las dos facciones ya mencionadas, ahora alineadas bajo la bandera del centralismo (conservadores) y el federalismo (liberales). Ambas se alternarían en el poder de forma sucesiva durante una década, bien de forma legal (presidencia de Guadalupe Victoria, 1824-29), bien mediante revueltas (presidencia de Vicente Guerrero en 1829).

    Las Provincias Unidas de Centroamérica

    Tras la abdicación de Iturbide, los delegados de las provincias centroamericanas integradas en el imperio mexicano, reunidos en Guatemala, decidieron declarar la independencia (julio de 1823) y constituir un nuevo Estado: las Provincias Unidas de Centroamérica. Éstas estaban integradas por los actuales Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica; sólo los representantes de las provincias de Chiapas y Soconusco, antiguamente pertenecientes a la Capitanía General guatemalteca, decidieron seguir formando parte de México.

    El general Antonio López de Santa Anna (en la ilustración, al frente de sus tropas) y el héroe independentista Vicente Guerrero (retrato) se levantaron en armas contra Agustín i, quien hubo de abdicar y salir al exilio.

    El general Antonio López de Santa Anna (en la ilustración, al frente de sus tropas) y el héroe independentista Vicente Guerrero (retrato) se levantaron en armas contra Agustín i, quien hubo de abdicar y salir al exilio.

    A partir de entonces, los delegados, miembros de las clases altas criollas, comenzaron a desarrollar una nueva Constitución que defendiese sus intereses. Entre las medidas que contemplaba se encontraba la organización de las Provincias Unidas, que quedaron conformadas como una república federal integrada por cinco estados constituyentes y cuyo Congreso federal se reuniría en la ciudad de Guatemala, elevada así a capital de la confederación. Dichos estados serían completamente autónomos: elegirían a sus presidentes y mantendrían sus propios sistemas legislativos y judiciales. Además, se proclamaba el fin de la esclavitud y se mantenían los privilegios de la Iglesia católica.

    El primer presidente de la confederación fue el liberal salvadoreño Manuel José Arce (1786-1847), elegido en 1825. Su presidencia vio cómo, de forma casi inmediata, salían a la superficie las tensiones que marcaron la historia de Latinoamérica en esta época: el conflicto entre liberales y conservadores, que en este caso derivó en una guerra civil debida al control conservador sobre las instituciones de la república. En 1830, la calma fue restablecida mediante la elección del liberal hondureño Francisco Morazán (1792-1842) como presidente de las Provincias Unidas. Durante su mandato, la capital del Estado se trasladó a San Salvador (1834) para evitar el control conservador y se impulsó un programa anticlerical que, junto a diversas leyes económicas de carácter liberal, levantó las iras de los conservadores.

    La postrera derrota de Francisco Morazán a manos de Rafael Carrera en 1840 llevó a la disolución definitiva de las Provincias Unidas de Centroamérica. En las imágenes, monumento al prócer americano en San Salvador y firma del Acta de Independencia de la nación salvadoreña.

    La postrera derrota de Francisco Morazán a manos de Rafael Carrera en 1840 llevó a la disolución definitiva de las Provincias Unidas de Centroamérica. En las imágenes, monumento al prócer americano en San Salvador y firma del Acta de Independencia de la nación salvadoreña.

    A pesar de las cada vez más frecuentes revueltas, Morazán consiguió revalidar su mandato en 1835. Sin embargo, dos años después las Provincias Unidas vivieron una epidemia de cólera, acontecimiento que fue aprovechado por los sectores más conservadores para culpar de ello a los liberales e incitar a los indígenas –uno de los sectores más desfavorecidos por la tragedia, debido a su carencia de medidas sanitarias– a la revuelta. El grupo insurgente fue liderado por el mestizo Rafael Carrera, quien demostró sus dotes militares al tomar la ciudad de Guatemala en 1838 y llevar a Morazán a la retirada. La caída de Guatemala en manos rebeldes aceleró la disgregación de la confederación, de tal forma que en 1838 Costa Rica, Honduras y Nicaragua declararon la independencia definitiva. El poder de Morazán se reducía ya a El Salvador, y una derrota ante Carrera en marzo de 1840 le llevó a dimitir, poniendo fin de hecho a las Provincias Unidas de Centroamérica; los posteriores intentos por revivir el proyecto federal acabarían en fracaso.

    La Gran Colombia

    En diciembre de 1819, el Congreso convocado por Simón Bolívar en la ciudad venezolana de Angostura, actual Ciudad Bolívar, declaró la creación de la Gran Colombia (cuyo nombre oficial sería en realidad República de Colombia). El nuevo Estado integraba, aproximadamente, al actual país homónimo, a Venezuela y al Ecuador, a los que se sumaría Panamá a partir de 1821. El presidente electo fue el propio Libertador, el cual sería ayudado en la vicepresidencia por Francisco Antonio de Zea.

    Mientras el Congreso se encargaba de redactar la nueva Constitución, las batallas se sucedían en el territorio de la recién constituida Gran Colombia. Por ello, las tareas gubernativas, llevadas a cabo por la vicepresidencia dadas las continuas ausencias de Bolívar, adquirieron tintes centralistas, típicos de una situación de guerra.

    El Congreso de Cúcuta ratificó a Simón Bolívar (ilustración izquierda) al frente de la Gran Colombia. La vicepresidencia del Estado recayó en Francisco de Paula Santander (derecha).

    El Congreso de Cúcuta ratificó a Simón Bolívar (ilustración izquierda) al frente de la Gran Colombia. La vicepresidencia del Estado recayó en Francisco de Paula Santander (derecha).

    Justo tras la victoria de Bolívar en Carabobo (junio de 1821), fue promulgada la Carta Magna. De carácter conservador, incidía en el centralismo ya existente, pero proponía una legislatura bicameral cuyos representantes serían elegidos por las tres regiones que en ese momento constituían la república; la capital fue fijada en Santa Fe de Bogotá. Al tiempo, en el Congreso reunido en Cúcuta (octubre de 1821) Simón Bolívar renovaba su mandato como presidente, mientras que la vicepresidencia recaía en Francisco de Paula Santander (1792-1840).

    Las tensiones existentes en el seno de la nueva república propiciaron que su vida fuera corta pero muy intensa. Por una parte, Simón Bolívar, en plena campaña del Ecuador, seguía ausente de la capital, lo que permitió que apareciesen las primeras rencillas entre los miembros influyentes del Congreso y el Ejército por la búsqueda de mayores cuotas de poder. Por otra parte, los ideales expansionistas de Bolívar, deseoso de proyectar el diseño de la Gran Colombia a otros territorios latinoamericanos, chocaron, tanto contra los deseos independentistas del Perú, como contra los intereses regionales. La situación estallaba en 1826: mientras un nuevo Congreso reunido en la ciudad de Panamá discutía los proyectos bolivarianos para Latinoamérica, José Antonio Páez (1790-1873) se declaraba en rebeldía en Venezuela.

    Aunque Simón Bolívar se vio aclamado por los peruanos tras la emancipación del país (momento que recoge la ilustración), años más tarde el rechazo de su proyecto panamericano por la oligarquía de Lima motivó su destitución como presidente de la nación.

    La creciente oposición interna llevó a Bolívar, quien ahora mantenía la jefatura del Perú y la presidencia de Bolivia, a asumir poderes dictatoriales en 1828. En un intento de reorganizar el Estado y evitar futuras disensiones, Bolívar convocó una nueva convención que acabó en fracaso (el Libertador, incluso, sufrió un intento de asesinato a finales de septiembre de ese mismo año). En 1829, Venezuela rechazó definitivamente su pertenencia a la Gran Colombia, mientras que el Ecuador lo hizo un año más tarde; la unión sólo fue aprobada por Colombia y Panamá. Bolívar, cansado y decepcionado, dimitió de su cargo y se retiró a Santa Marta, donde moriría el 17 de diciembre de 1830, sin haber conseguido llevar a cabo su sueño de unir a toda Latinoamérica.

    Perú y Bolivia

    Perú había declarado su independencia el 28 de julio de 1821, pero ésta había sido más jurídica que real, debido a la fuerte resistencia de las tropas realistas. Ello, junto a la negativa de los criollos de Lima a aceptar el mandato liberal de José de San Martín y a las presiones de Simón Bolívar para incorporar el Perú al proyecto de la Gran Colombia, creó una gran inestabilidad en la región. Sus consecuencias se hicieron patentes en los siguientes años: dimisión y exilio a Europa de San Martín, reconquista realista de Lima y asunción por parte de Bolívar y Antonio José de Sucre del mando sobre las operaciones militares.

    La retirada de San Martín en 1822 abrió en el Perú una etapa de caudillaje y preponderancia del criollismo limeño. El primero se hizo evidente con la influencia adquirida por algunos militares como Agustín Gamarra (1785-1841) y Andrés de Santa Cruz (1792-1865), capaces de llevar las riendas durante la interinidad de José de la Riva Agüero (1783-1858) en la gobernaduría limeña. El segundo se materializó en la rotunda oposición mostrada por las clases altas de Lima hacia el proyecto bolivariano de la Gran Colombia en 1826, oposición que llevaría al Congreso peruano a derogar la presidencia vitalicia concedida al Libertador (enero de 1827) y a nombrar en su lugar de José de la Mar.

    La destitución de Bolívar dejó de nuevo la puerta abierta a los caudillos. En 1828, el Congreso promulgó una Constitución de carácter liberal que apenas tuvo tiempo de entrar en vigor debido a la asunción del poder al año siguiente por parte de Agustín Gamarra. Ese mismo año, su gran rival en Lima, el mestizo Andrés de Santa Cruz, hizo lo propio en Bolivia.

    Chile

    La independencia chilena se había obtenido en 1810, cuando el país se separó del Virreinato del Perú. No obstante, hasta la asunción de Bernardo O’Higgins (1778-1842) de la dirección suprema del Estado en 1818, la emancipación no pasó a ser una realidad.

    El mandato de O’Higgins fue aceptado por parte de las élites criollas chilenas como un mal menor. Su política liberal dañaba los intereses de las oligarquías locales, pero gozaba del apoyo de San Martín y del Ejército chileno en un momento en que la guerra todavía no se podía dar como finalizada debido a la existencia de focos de resistencia en Valdivia y Chiloé.

    La oposición se hizo más evidente a partir de 1822, cuando las tropas realistas fueron definitivamente derrotadas en suelo chileno. Para entonces, la reputación de O’Higgins entre los oligarcas estaba tan dañada que éstos incluso se negaron a pactar una nueva Constitución más favorable para sus intereses. En 1823, la situación de precariedad producida por una mala cosecha fue aprovechada por las élites criollas para forzar la dimisión de O’Higgins.

    Pronto se comprobó que el problema en realidad no era el prócer de la independencia chilena. Durante toda la década de 1820 se sucedieron las revueltas provocadas por el uso partidista de conservadores y liberales de las quejas populares sobre la mala situación económica del país. En apenas siete años se sucedieron hasta treinta Gobiernos que representaban las más diversas opciones políticas: centralistas, federalistas, autoritarios, liberales, etc.

    Bernardo O’Higgins fue uno de los héroes de la independencia de Chile. En la imagen, vista parcial del monumento erigido en su honor en la ciudad de Santiago.

    Todo ello fue fraguando una situación que favoreció el definitivo apoyo militar a las opciones autoritarias, las únicas que, según los altos estamentos del Ejército, podían dar al país la suficiente estabilidad. En 1829, grupos autoritarios con el apoyo del Ejército dieron por finalizado el orden constitucional existente, nombraron a una Junta colegiada y otorgaron provisionalmente la presidencia a José Tomás de Ovalle. El principal líder de la facción que había promovido el golpe, Diego Portales, permaneció como verdadero hombre fuerte del país. Portales consiguió unificar los intereses de las oligarquías chilenas y convencerlas de la necesidad de dotar a la nación de una mayor estabilidad. La Constitución emanada de la Junta en 1833 y basada en el concepto de un Estado centralizado con un Parlamento conformado por la clase terrateniente surtió el efecto deseado y estructuró la vida chilena durante todo el siglo XIX.

    Las Provincias Unidas del Río de la Plata

    El 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se proclamó la independencia del antiguo Virreinato del Río de la Plata, conocido ahora como Provincias Unidas del Río de la Plata. Era esta república un conglomerado de territorios muy extensos y dispares, tanto desde el punto de vista económico, como del demográfico y social. Muy pronto se manifestaron las diferencias entre la oligarquía de la capital, Buenos Aires, deseosa de centralizar el poder y la economía en el área del Río de la Plata, y los gobernantes de las provincias, quienes pretendían participar en las decisiones del Gobierno de la nación. Estas contiendas amenazaban con la disgregación del territorio, una amenaza que no pertenecía sólo al plano de la retórica tal y como se demostró con la conquista brasileña de la Banda Oriental (Uruguay) en 1820.

    Un año antes, en 1819, las Provincias Unidas habían llegado a una situación límite cuando el Congreso capitalino aprobó una nueva Constitución que defendía claramente los intereses de la oligarquía bonaerense mediante la definición de un Estado centralizado. Esto provocó la inmediata declaración en rebeldía de varias provincias, llevando consigo la caída del Gobierno (1820) e instaurando una fuerte crisis en el movimiento político creado en torno a José Gervasio Artigas (1764-1850), hombre fuerte de la región del Río de la Plata.

    El gobierno de Juan Manuel de Rosas acabó con la inestabilidad política vivida por las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el momento de su independencia.

    La aceptación por parte del Congreso de la autonomía provincial acabó favoreciendo el surgimiento del caudillismo en el país. Las provincias quedaron en manos, bien directa o indirectamente, de los líderes militares, que adoptaron una política diferente en cada región según su ideal político.

    Este hecho, junto con las diferencias socioeconómicas existentes entre las distintas provincias, fomentó numerosas rivalidades regionales, disputas que serían aprovechadas por Buenos Aires para ir, lentamente, recuperando su influencia. Precisamente en la capital, las oligarquías habían conseguido solventar la inestabilidad interna rechazando la participación del Ejército en los asuntos políticos: gran número de unidades militares fueron enviadas bien hacia las fronteras, bien hacia la Patagonia, para luchar contra las tribus indígenas, decisión aplaudida tanto por las clases terratenientes como por el patriciado urbano.

    La solución a la grave situación nacional llegó en diciembre de 1824, gracias a la convocatoria de un nuevo Congreso constituyente en Buenos Aires. Tras más de un año de deliberaciones, el Congreso nombró presidente de la república al porteño Bernardino Rivadavia (1780-1845) y poco después promulgó una nueva Constitución (Ley fundamental de 1826). Ambas decisiones fueron rechazadas por casi todas las provincias, agrupadas en torno al liderazgo del riojano Juan Facundo Quiroga, lo que dio lugar a un periodo de guerras civiles.

    Ante esta situación, Rivadavia tuvo que renunciar a la presidencia en 1827, y el liderazgo bonaerense cayó en manos del federalista Manuel Dorrego, el cual contaba con el apoyo de la oligarquía agrupada en torno a Juan Manuel de Rosas (1793-1877). No obstante, este apoyo se mostró insuficiente cuando las tropas licenciadas de la guerra contra Brasil retornaron a la capital y provocaron la destitución y ejecución de Dorrego (1828), así como la instauración del Gobierno del general Juan Lavalle. Éste, carente de grandes apoyos en la provincia, tuvo que someterse finalmente al dictado del grupo de Rosas, quien, tras convocar a la antigua legislatura, fue elegido como gobernador de Buenos Aires en diciembre de 1829. Rosas sería el encargado, mediante la aplicación de un férreo gobierno, de poner fin a la inestabilidad de las provincias.

    Uruguay. Antes de que llegara la ansiada tranquilidad con Rosas, las Provincias Unidas tuvieron que afrontar una grave crisis internacional. En 1825, un grupo de uruguayos conocidos como los «33 orientales» habían desembarcado en la Banda Oriental bajo el liderazgo de Juan Antonio Lavalleja (1784-1853), declarando la independencia de la región, otrora integrada en las Provincias Unidas del Río de la Plata y ahora en poder de Brasil. Esto había provocado la intervención argentina y la subsiguiente guerra con el imperio brasileño, la cual se daría por finalizada tras la victoria oriental en Ituzaingó (febrero de 1827) y la posterior firma de un tratado por el que Brasil y las Provincias Unidas reconocían la independencia de Uruguay. Con ello, las Provincias Unidas terminaron por desaparecer, quedando reducidas a la Argentina.

    Paraguay

    Paraguay declaró su independencia el 14 de mayo de 1811, tras resistir los intentos argentinos liderados por Manuel Belgrano de incorporar el territorio a las nuevas Provincias Unidas del Río de la Plata. De estos primeros escarceos surgió la figura de Fulgencio Yegros (m. en 1821), quien ostentaría el liderazgo militar e incluso encabezaría la Junta gubernativa instaurada para dirigir los designios del nuevo Estado. Sin embargo, el verdadero poder en la sombra fue un abogado, José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), quien propuso una alianza entre iguales con el Gobierno bonaerense, firmada definitivamente en octubre de 1811. Buenos Aires pareció aceptar de grado sumo este implícito reconocimiento de la independencia paraguaya, aunque posteriormente intentaría someter al Ejército del nuevo país para emplearlo en las guerras civiles que por entonces asolaban la nación argentina.

    El rechazo del Gobierno paraguayo a aceptar los planes bonaerenses anuló la alianza, con lo que Buenos Aires envió a Nicolás de Herrera hacia Asunción para someter definitivamente a la «provincia insurrecta». La respuesta paraguaya no se hizo esperar: el 12 de octubre de 1813, un Congreso nacional convocado con carácter de urgencia por Rodríguez de Francia declaraba de forma definitiva y sin ambigüedades la independencia de Paraguay y su constitución como república. El mando del nuevo Estado se encargó a un consulado compuesto por Yegros y Francia. Tras el fin del primer año de mandato, un nuevo Congreso nacional nombró a Rodríguez de Francia como dictador supremo de la república durante cinco años, cargo que sería renovado a perpetuidad en 1816.

    Mientras el resto de naciones latinoamericanas discutían qué formas políticas adoptar o se perdían en luchas faccionales, Paraguay, bajo el liderazgo de Rodríguez de Francia, el Supremo, empezó a construir su maquinaria estatal. El primer paso consistió en confiscar las propiedades de la Iglesia y desproveerla de cualquier trazo de poder. Algo parecido ocurrió con las élites terratenientes y capitalinas, primero de forma pausada y, tras el descubrimiento de un complot contra el presidente en 1820, de manera mucho más agresiva: fueron confiscadas tierras y esclavos (que pasaron a formar parte del patrimonio estatal) y ejecutados los principales líderes opositores, entre ellos el propio Fulgencio Yegros. Finalmente, Rodríguez de Francia aisló a Paraguay del resto de Latinoamérica, permitiendo sólo débiles acuerdos comerciales con Brasil y la Argentina y vigilando cualquier posible influencia extranjera sobre el país. En 1840, cuando Francia murió, Paraguay había afianzado su forma de gobierno y el Estado contaba con numerosos recursos financieros; sin embargo, su aislamiento se demostraría contraproducente a medida que el liberalismo económico se fuese generalizando en el continente.

    Brasil

    Los planes preparados desde Lisboa para la colonia portuguesa de Brasil llevaron a ésta a proclamar su independencia el 7 de septiembre de 1822. Los principales artífices del hecho fueron el regente Dom Pedro, coronado emperador de Brasil el 1 de diciembre de ese mismo año, y su mano derecha, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), encargado de la formación de un gabinete ministerial.

    La asunción de la Corona portuguesa en 1826 por parte de Pedro I levantó numerosas protestas y llevó al monarca a su abdicación.

    Aunque la independencia tuvo lugar de forma pacífica y el nuevo país fue rápidamente reconocido por los Estados Unidos (1824), el propio Portugal (1825) y, a partir de entonces, por el resto de países europeos, sus primeros años fueron convulsos. Los rasgos absolutistas del reinado de Pedro I, que acabaron con la Asamblea Constituyente y enviaron al exilio a Andrada (1823), provocaron numerosas revueltas y miles de muertos. Aunque el poder del emperador no se vio afectado por ello, sí motivó un replanteamiento de las políticas implantadas hasta entonces y la promulgación de una nueva Constitución de claro carácter liberal (1824) que, sin embargo, dotaba de grandes poderes al monarca (nombramiento de senadores y ministros, capacidad de disolver el Congreso, etc.).

    A pesar de ello, la popularidad de Dom Pedro comenzó a decaer casi inmediatamente después de promulgada la Constitución. El nombramiento de algunos criollos brasileños para altos puestos en la corte levantó las iras de los portugueses peninsulares; los primeros tampoco estaban contentos con la actitud del emperador, más preocupado por los problemas que le surgían en la antigua metrópoli (asunción de la corona portuguesa, como Pedro IV, en 1826) que por los que se presentaban en el país brasileño, y capaz de firmar tratados con el Reino Unido claramente lesivos para la economía que imperaba por entonces en Brasil. Su imagen quedó definitivamente dañada por la guerra con la Argentina a causa de la llamada provincia Cisplatina (Uruguay). Pedro I intentó aguantar, pero el 7 de abril de 1831 se vio obligado a abdicar en su hijo, Dom Pedro de Alcántara, iniciándose un periodo de regencia, debido a la minoría de edad del futuro monarca.

    Cronología

    Los primeros años del México independiente.

    La vida independiente de las Provincias Unidas de Centroamérica.

    Principales acontecimientos de la independencia de la Gran Colombia.

    La primera década de la independencia peruana.

    Los acontecimientos más destacados de los primeros años del Chile independiente.

    Primeros años de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

    Principales acontecimientos de Paraguay tras su independencia.

    Primera década del Brasil independiente.